La nueva Ley de Contratos del Sector Público contiene una amplia reordenación de la organización administrativa de apoyo al servicio de la contratación pública: desde la reconfiguración de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública y del Comité de Cooperación en materia de contratación pública, hasta la creación de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, con la inclusión en la misma de la Oficina Nacional de Evaluación, y la necesidad, final, de aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública. Existen en la nueva norma una serie de novedades significativas en materia de adjudicación, sin duda, la primera, la referida al procedimiento simplificado general y específico, que constituyen elementos centrales para la credibilidad del sistema. Asociar la garantía de la contratación a la existencia de más trámites y más informes tiene el elemento adicional o contradictorio de propiciar un efecto de alargamiento de los trámites y de demora en el cumplimiento de los objetivos que se tratan de conseguir con la provisión de bienes y servicios. Un sistema de control, evaluación, asesoramiento y demás elementos cuya funcionalidad está por comprobar, pero que, ciertamente, demuestran el deseo del legislador de no repetir algunos de los problemas pretéritos, sino de configurar un marco de contratación estable, predecible y sin «aventuras», que ciertamente dote a este instrumento de la tranquilidad de la que ha carecido en los últimos tiempos. Y en ese afán se mueve la obra: dotar al profesional de elementos que le permitan un conocimiento detallado de cuantas modificaciones instaura la Ley a fin de conseguir una correcta aplicación del novedoso marco regulatorio.

El objetivo de esta obra no es otro que ofrecer a la comunidad jurídica la experiencia acumulada por Ontier después de más de cincuenta años en defensa de clientes frente a expropiaciones forzosas, que ha llenado sus archivos no sólo de jurisprudencia aplicada en casos reales, sino también de argumentos jurídicos testados en asuntos a los que este Despacho se ha enfrentado exitosamente. Con este objeto, publicamos una importante parte de nuestra experiencia, que sistematizamos conforme a los que creemos son los principales bloques de cuestiones sobre los que se articula fundamentalmente la defensa frente a una expropiación, en los que además de las tradicionales cuestiones relativas a la causa expropiandi, a la reversión, al justiprecio expropiatorio e intereses de demora, incluimos la problemática de deslinde entre la expropiación como potestas y la expropiación por mandato legal, así como la confusión planteada entre responsabilidad patrimonial del Estado legislador y la expropiación misma, sin dejar de incluir referencias obligadas al régimen de las medidas cautelares y al proceso judicial de protección jurisdiccional de derechos fundamentales, que constituyen medios de defensa sustanciales frente a una expropiación.

La jurisdicción contencioso-administrativa se conforma como una jurisdicción especial que tiene por objeto conocer de los actos y disposición que dicten los órganos administrativos en el ejercicio de su función. Esta jurisdicción especializada ha sufrido una importante transformación en los últimos años que va, desde la introducción de los órganos unipersonales de enjuiciamiento a la superación de la concepción tradicional de la misma que se situaba en el el carácter y la condición revisora de la actuación administrativa para convertir la actuación ante este jurisdicción en una actuación jurisdiccional con pretensiones plenas.
El Practicum responde a esta misma concepción. De un lado se articulan los elementos tradicionales y más representativos de la actuación ante la jurisdicción contencioso-administrativa como son los relativos a la organización, competencias, legitimación y representación ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, de otro, los procedimientos ordenados en procedimientos generales (ordinario y abreviado) y procedimientos especiales con referencia, en esta última categoría, a algunos procedimientos especiales de nueva instauración como el de defensa de la unidad de mercado que reconfigura alguno de los elementos centrales de la nueva posición de esta jurisdicción.

Han pasado ya algunos años desde la publicación de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, sin embargo, la situación de interinidad y transitoriedad en que aquella norma colocó al Ordenamiento de la Función Pública en espera de un amplio desarrollo por parte de las distintas instancias llamadas a la concreción de los modelos no ha sido superada. Algunas Comunidades Autónomas sí han cumplido con sus obligaciones y así podemos indicar que tanto Valencia como Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia e, incluso, parcialmente, la Asturiana han dictado sus respectivas normas de función pública en desarrollo del EBEP. La novedad más relevante es la publicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que no altera - en función del tipo de norma elegida- el contexto de la regulación general pero que se ha incluido para asegurar la actualidad de la normas. La presente edición incluye las normas nuevas -fundamentalmente en el ámbito autonómico- y, sobre todo, los pronunciamientos jurisprudenciales que se van produciendo de una forma lenta pero inexorable en la materia. El texto completo de los mismos se puede encontrar en soporte electrónico, edición proview que se incluye junto con el código, para evitar que el lector tenga que acudir para su consulta íntegra a las bases de datos convencionales.

El practicum contiene tres grandes grupos de materiales. Los primeros se refieren a las obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados. El segundo, se corresponde con el marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las reglas generales de ésta. Finalmente y con todas las limitaciones que por razón de la materia y de su desarrollo proceden se encuentran las principales instituciones de las materias sustantivas. En esencia, las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. De esta forma el usuario puede encontrar la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a desarrollar su función así como los materiales necesarios para superar con éxito el Master y el examen de acceso.

Se trata de un análisis conceptual del nuevo marco de la seguridad ciudadana tras la publicación de una nueva Ley que, ciertamente, se ha presentado como compleja y socialmente discutida. El análisis enfrente al lector con los elementos centrales para comprender el alcance de la nueva norma y los factores diferenciales en relación con los instrumentos y competencias que se atribuyen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Texto asume, también, algunas de las conductas que han desaparecido del Código Penal como consecuencia de la despenalización de las faltas.

Se trata de un análisis conceptual del nuevo marco de la seguridad ciudadana tras la publicación de una nueva Ley que, ciertamente, se ha presentado como compleja y socialmente discutida.
El análisis enfrente al lector con los elementos centrales para comprender el alcance de la nueva norma y los factores diferenciales en relación con los instrumentos y competencias que se atribuyen a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Texto asume, también, algunas de las conductas que han desaparecido del Código Penal como consecuencia de la despenalización de las faltas.